
Las implicaciones clínicas, jurídicas y éticas del tratamiento farmacológico involuntario en casos mentales agudos en el ámbito hospitalario han sido tratadas brillantemente en un reciente estudio por Courtney A. Iuppa, Doctora en Farmacia, Gerente clínico y directora del programa de residencia PGY-2 del Departamento de Farmacia del Centro de Medicina del Comportamiento en Kansas City, Missouri.
El artículo, Involuntary medication treatment of schizophrenia in the inpatient setting, publicado en Mental Health Clinician el pasado 2 de diciembre, parte del análisis de dos casos legales que llegaron al Tribunal Supremo de los EE.UU.
El primero de ellos, Washington v. Harper, se refiere a un recluso penitenciario al que se le diagnosticó trastorno bipolar que se negó a tomar medicación antipsicótica, teniendo un comportamiento violento repetido. Fue medicado involuntariamente en prisión, lo que posteriormente impugnó a través del sistema legal.

El caso llegó a la Corte Suprema, donde el tribunal sentó jurisprudencia dictaminando que una persona encarcelada puede ser medicada involuntariamente si se cumplen los dos criterios siguientes: el primero, que el paciente esté gravemente discapacitado y plantee una probabilidad de daño grave a sí mismo o a otros. El segundo, que esté comprobado científicamente que la medicación prescrita es la más adecuada para el paciente. Este proceso no requiere la intervención del tribunal, ya que se deja la decisión a los profesionales médicos correspondientes.
Por otro lado, en el caso Sell v. United States un individuo con antecedentes de enfermedad mental fue acusado de numerosos cargos de fraude postal, seis cargos de fraude al programa de salud pública Medicaid y un cargo de lavado de dinero. Durante el procedimiento judicial, estando en libertad bajo fianza, su enfermedad mental se deterioró y fue acusado de conspirar para cometer asesinato. Revocada la fianza, entró en prisión pero ante el deterioro mental se le declaró incompetente para ser juzgado.

Después de una serie de audiencias, el tribunal dictaminó que podía ser medicado involuntariamente con el fin de restablecer la competencia mental para ser juzgado, como finalmente ocurrió.
El tribunal estableció que para cumplir los criterios de tratamiento farmacológico involuntario con el único fin de restablecer la competencia, y sin tener en cuenta el estado actual de la enfermedad mental de un individuo, un juez debe conceder la orden y deben cumplirse los siguientes cuatro criterios.
Primero, que el individuo esté acusado de un delito grave. En segundo lugar, que exista una probabilidad sustancial de que la medicación permita al individuo volverse competente sin efectos secundarios importantes. En tercer lugar, eso siempre que no exista ningún tratamiento alternativo menos invasivo que ofrezca los mismos resultados. Y, finalmente, que la medicación sea médicamente apropiada.

Existen argumentos éticos a favor y en contra del tratamiento involuntario en psiquiatría. Los principales principios éticos implicados son la autonomía del paciente (permitir a los pacientes decidir su tratamiento) y el beneficio clínico comprobado de la medicación. Para respetar estos principios en situaciones de medicación involuntaria, los médicos deben asegurarse de que están proporcionando al paciente información suficiente sobre el antipsicótico elegido, participando en la toma de decisiones compartida cuando el paciente está dispuesto, con el objetivo final de mejorar la condición del paciente.
Hay un enfoque cada vez mayor en la autonomía del paciente en la atención médica, y en principio el tratamiento involuntario puede parecer estar en oposición directa a este criterio ético. Sin embargo, llegando al fondo del asunto, si el objetivo del tratamiento involuntario es la recuperación de la autonomía, el tratamiento involuntario puede en realidad apoyar este criterio ético, porque facilita su consecución. Además, el beneficio clínico comprobado de la medicación se puede lograr creando un plan con el objetivo a largo plazo de mejorar la salud y la seguridad del paciente.

Las directrices actuales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría para el tratamiento de la esquizofrenia analizan la importancia de equilibrar la autonomía y la autodeterminación del paciente con el mejor interés del paciente. Así, los médicos solo deben prescribir tratamiento involuntario para pacientes bajo su cuidado directo después de determinar, primero, que el paciente no puede juzgar lo que es mejor para él mismo y, segundo, que sin tratamiento, puede causar daños a sí mismo o a los demás. Lo que resulta coherente con los criterios para la medicación involuntaria de las decisiones de la Corte Suprema analizadas anteriormente, que equilibran los deseos del paciente y su bienestar.
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Muy bien analizado el asunto, en mi opinión.
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
❤️❤️❤️
marinamonroig
hace 4 días
"A ver, pase que por no medicarse alguien se dañe a sí mismo, pero lo que no se puede tolerar es que dañe a los demás."
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Completamente de acuerdo.
Muy interesante el enlace que ha puesto Maribel Gámez sobre la investigación que el Ministerio de Asuntos Sociales analizará las medicaciones forzadas de pacientes psiquiátricos. Lo repito:
https://psiquiatria.com/psiquiatria-general/el-gobierno-vigilara-casos-de-medicacion-forzada-en-pacientes-psiquiatricos--1